OTRA VEZ ALLANAN CREDIBA..

ALLANAMIENTO POR SUPUESTO LAVADO DE DINERO EN BAHÍA BLANCA...

Locales | hace 2 años

Nuevamente la Policía Federal allanó el 30 de septiembre , por orden judicial la financiera local Crediba S.A para confirmar y determinar si allí se “lavó” dinero.

Recordemos que había sido requisada hace dos años, en el caso que dimos que involucra a Juan Ignacio Suris.

Esto fue alrededor del mediodía bahiense en su sede de Sarmiento 234 en el macrocentro bahiense.

El 22 de septiembre pasado, el fiscal federal Antonio Castaño ya había solicitado una auditoría en dicha financiera y en el Banco de la Provincia de Buenos Aires, por la causa que se inició debido a la falta de reportes bancarios frente a transacciones millonarias, que tienen que ver con Suris, Silvio Ficcadenti (sospechado de comandar usinas de facturas truchas), Lázaro Báez y otros altos referentes del entorno kirchnerista.

Asimismo el mismo fiscal Castaño, que oportunamente había pedido por esta misma causa designada como asociación ilícita fiscal, las indagatorias de varios acusados.

Por un lado, Mauro, Franco, Enzo y Silvio Ficcadenti, dueños de las sociedades Grupo Penta, Calvento y Terrafari. Por otro, José, Denis, Jorge y Franco Ferreyra, propietarios de Constructora Patagónica Argentina S.A.

Y figura también el contador Rogelio Chanquía como vemos abajo cuando dimos el anticipo de este entramado, quien habría prestado servicios para varias de esas usinas.

Hasta el día de hoy este planteo de Castaño, no fue respondido por el Juzgado Federal Nº 1.

El célebre Lázaro Báez, está acusado de liderar una presunta asociación ilícita fiscal para evadir decenas de millones de pesos y también se imputa a su hijo, Martín, de integrar la organización.

Al respecto, Echegaray estuvo varias veces en Bahía Blanca. Y tanto acá como en Comodoro Py, negó haber intervenido abiertamente en la degradación de la AFIP de Bahía Blanca por el caso Báez, atribuyéndolo a un tema gremial. LAS EVIDENCIAS INDICAN TODO LO CONTRARIO..

Oportunamente dimos el anticipo de información concreta de carácter anónimo de estos delitos, a saber:

“En la CAUSA N° CPF 10451/2014 inicialmente caratulada: “ECHEGARAY, Ricardo; BERNI, Sergio Alejandro y otros S/ASOCIACIÓN ILÍCITA, ABUSO DE AUTORIDAD Y VIOL. DEB. FUNC. PÚBL. (ART. 248), NOMBRAMIENTOS ILEGALES Y OTROS”, el 03/06/15 prestó declaración testimonial CARLOS MARIO BLANCO, DNI 4.988.481, domiciliado en Santiago del Estero 517 de Bahía Blanca, de estado civil soltero, de profesión y ocupación: CONTADOR PÚBLICO NACIONAL, SUPERVISOR DE FISCALIZACIÓN DE LA AFIP DGI. Se transcribe la parte pertinente: “PREGUNTADO: Por las generales de la ley que le serán explicadas. CONTESTÓ: que no le comprenden. Invitado a manifestar todo cuanto sepa de los hechos que se investigan a cuyo fin se da lectura de la denuncia y del informe de f. 19.CONTESTÓ: En junio de 2011 en oportunidad de trabajar la fiscalización de las empresas del grupo Suris, Iberoamericana de Servicios S.A. apareció como usuaria de las facturas emitidas por algunas de dichas empresas, no recuerdo cuáles; por ello se generó una orden de intervención que era la 658100 cuyo número recuerdo porque era número redondo y porque además nos generó muchas dificultades en el inicio de la fiscalización ya que la sede estaba ubicada en Caleta Olivia y el domicilio fiscal en la Ciudad de Buenos Aires. Al intentar iniciar la fiscalización se nos manifestó que la documentación estaba en Caleta Olivia y cuando concurrimos a esa ciudad expusieron que la documentación requerida estaba en Buenos Aires. Por ello es que recuerdo que en varias entrevistas que tuvimos con los asesores: Contadores CASANOVA y MAGDALENA se nos insinuó que la fiscalización debía ser terminada rápidamente. Con la documentación aportada por JUAN SURIS y sus asesores ROGELIO CHANQUÍA y RAÚL LARSEN se había podido determinar que Iberoamericana era usuaria de las usinas de SURIS por cifras importantes. A esa altura de la fiscalización fue disuelta la Dirección Regional Bahía Blanca y fui apartado de la fiscalización y del cargo de supervisor. Por lo tanto, no puedo decir cómo terminó y a qué resultado arribó el fiscalizador que continuó que fue el Contador ADRIÁN FOTTI con la supervisión del Contador HÉCTOR ÁLVAREZ bajo la Jefatura de División de NORBERTO FILIPINI en lo que se designó División Fiscalización nro. 5 dependiente de la Dirección Regional Mar del Plata. Lo dicho es de mi conocimiento por la función que ya mencioné, con respecto a las otras empresas no puedo decir nada porque no tuve a cargo la fiscalización sólo me he enterado lo que ha trascendido en los medios periodísticos. PREGUNTADO: Si de la fiscalización de la firma Iberoamericana surgió vinculación alguna con respecto a las personas denunciadas en esta causa y/o a las empresas mencionadas en el informe de f. 19. CONTESTÓ: al momento en que fui separado del cargo y de la función, el 9 de agosto de 2012, no habíamos todavía analizado en profundidad la operatoria de Iberoamericana y por lo tanto, en caso de haber existido vinculación, no la llegué a constatar a esa fecha, pero por los hechos posteriores que tomaron estado público por la prensa y las manifestaciones del Concejal SERRA agregadas en el expediente civil, entiendo que existe relación entre las empresas involucradas en las fiscalizaciones que yo realizaba y las empresas citadas; y no me cabe duda que la separación del cargo tuvo relación con el avance de la investigación, tal como lo manifesté en dicho expediente iniciado como consecuencia de ello por separación del cargo y reducción de haberes. Al momento de la separación del cargo mío el inspector Fotti había confeccionado un informe de “avance de la fiscalización” que seguramente está agregado al expediente de la citada O.I. PREGUNTADO para que diga si desea agregar algo más, CONTESTO: Que no. Con lo que no siendo para más, se da por finalizado el acto, previa lectura que de la presente hace el compareciente, firmando después de SS y por ante mí, de lo que DOY FE.” 
Se dice que mientras investigaba las empresas involucradas en la CAUSA N° FBB 12000018/2011 caratulada “SURIS, Juan Ignacio; IBARRA GUTIERREZ, Nicolás; CARRANO, Flavio Rodrigo; SURIS, Eduardo; PIPKIN, Juan; GOENAGA, Domingo Tomás s/ Asociación Ilícita Tributaria”, al nombrado BLANCO lo llamó un domingo un abogado o contador de SURIS y compañía, y cuando aquél contestó ¿para qué?, le dijeron que eran 5 minutos y lo citaron a un bar en el que le ofrecieron una suma millonaria de pesos para que se mantuviera al margen y no fiscalizara adecuadamente las empresas ‘complicadas’… bajo la amenaza de descabezar la AFIP bahiense. Él contestó que NO PODÍA ACEPTAR porque estaba haciendo su trabajo, y jamás se imaginó lo que iba a suceder después: FUERON REMOVIDOS los Fiscalizadores de la AFIP que estaban investigando las empresas ‘complicadas’, a él LE REDUJERON EL SUELDO A LA MITAD a pesar de haber trabajado más de 20 años en la AFIP, y LO CAMBIARON INTEMPESTIVAMENTE DE LUGAR, obviamente para ‘correrlo de la escena’ y evitar que pudiera incidir en la fiscalización de esas empresas. 
Tampoco ha contado –por las presiones políticas de público conocimiento- que, al verse presionados por los funcionarios mandados por ECHEGARAY, BLANCO junto a un grupúsculo de funcionarios de la AFIP, mientras estaba como Juez SANTIAGO MARTINEZ, ‘entre gallos y medias noches’ LLEVARON LA DOCUMENTACIÓN RELACIONADA CON ESAS EMPRESAS AL JUZGADO FEDERAL N° 1 DE BAHÍA BLANCA PARA RESGUARDARLA de los funcionarios puestos a dedo en la AFIP para entorpecer las investigaciones sobre esas empresas. 
Si bien lograron el objetivo y pudieron salvaguardar los papeles, apenas llegaron ‘los nuevos de la AFIP’ pidieron compulsar la documentación y ahí, a espaldas del Juez MARTINEZ, dieron rienda suelta a cuanta maniobra estuvo a su alcance para socavar las pesquisas. La Jefa Interina de la Sección Penal Tributario, División Jurídica, de la Dirección Regional Bahía Blanca de la AFIP María Antonela GIROTTI (si bien llegada con la ‘nueva gestión’, aparentemente es honesta) ha relatado a personas de su confianza cómo los nuevos funcionarios K designados en lugar de BLANCO y sus compañeros honestos, autorizados por el Juez RAMOS PADILLA directamente ENTREMEZCLABAN la documentación secuestrada para ENTORPECER y COMPLICAR las investigaciones. 
En esa causa es visible la connivencia del Fiscal Federal ANTONIO HORACIO CASTAÑO, que –por ejemplo- teniendo delegada la investigación, firmó varias disposiciones de medidas de prueba, EXCLUYENDO EXPRESAMENTE AL CONTADOR PÚBLICO NACIONAL y SUPERVISOR DE FISCALIZACIÓN DE LA AFIP DGI, CARLOS MARIO BLANCO, a sabiendas de que él era quien se encontraba en mejores condiciones de analizar la documentación disponible, para evitar de nuevo que pudiera incidir en la fiscalización de esas empresas. 
Se dice que el Fiscal CASTAÑO –miembro directivo del Club de Fútbol OLIMPO de Bahía blanca- habría negociado con ECHEGARAY u otro de la AFIP el “perdón” de una deuda cuantiosa del Club, ofreciendo a cambio el no impulso de la causa de facturas truchas de “SURIS” y otras que fueran de interés al gobierno.
En esa causa aparecen como usuarias de facturas truchas más de un centenar de empresas, y el Juez –se dice por ahí- tuvo que “cortar” la investigación, centrándose en las más importantes o las que habían usado este sistema de evasión por los montos más elevados, para poder seguir avanzando porque si no era imposible. Eso tuvo como correlato, que desde la AFIP –se dice por ahí- se convocara a muchos de esos deudores y/o evasores para que regularizaran espontáneamente su situación “conformando sus deudas” y obteniendo planes de pago, para poder quedar exentos de responsabilidad penal en los términos del art. 16 de la Ley 24.769.”

FUENTE: POSTA-POSTA.-

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