CASO BÁEZ: QUÉ PASÓ EN LA JUSTICIA FEDERAL DE BAHÍA BLANCA??

HOY "LA NUEVA" PUBLICA NOTA DE LA RUTA DEL DINERO K, Y DESIGNA "GRIETA" A LAS ACTUACIONES EN LA JUSTICIA FEDERAL LOCAL....Nosotros lo habíamos anticipado hace tiempo ya.

Locales | hace 2 años

La información de la que sigue es real. Firmada por la redacción de “La Nueva” y difundida en Facebook por Fernando Monacelli. Secuencia lo que nosotros anticipamos en tres notas sucesivas en Posta.

Sí le faltan detalles de la participación de un periodista local, que frecuentaba los juzgados y tenía amistad con Coleffi –lo cual nosotros detallamos en su momento- para dar a conocer los audios crudos y en su totalidad de la investigación dispuesta por Martínez. 

Todo cuando existía secreto de sumario. Curiosamente dichas audios aparecieron crudos o editados, en los principales medios nacionales. Esto luego, dio un giro de tragicomedia por la intervención de los que desde la justicia querían "cajonear", demorar y desviar la causa, incluyendo a un medio local al que pertenece el periodista referido, difusor de ésos audios.

La investigación hecha por Martínez era necesaria para crear el famoso "delito precedente". Que involucraba las facturas apócrifas, a Báez, sus cómplices y llegaba hasta Echegaray que rebajó a Agencia a la Dirección local de la AFIP.

Todo esto lo desarrollamos como anticipo en su momento en www.posta-posta.com

La nota de “La Nueva” cita: “El 20 de octubre de 2014, un día después de un informe publicado por el diario La Nación, la ONG Paso por Paso Argentina denunció que Lázaro Báez utilizó facturas truchas para evadir millones de pesos en impuestos, a través de una red integrada por empresas de Bahía Blanca.

El juez Rodolfo Canicoba Corral se declaró incompetente y envió las actuaciones al Juzgado Federal N° 1 de nuestra ciudad, que en aquel momento subrogaba Santiago Ulpiano Martínez.

Esa fue la piedra fundacional de la "grieta" que se abrió definitivamente en la Justicia Federal de Bahía Blanca y que, en la práctica, significó causas paralizadas, cambios de jueces, designaciones ilegales, denuncias cruzadas, persecución, amenazas y un clima de tensión que en la actualidad parece apenas atenuado.

La versión local de la guerra que el kirchnerismo ya había lanzado a nivel nacional contra los jueces no adeptos. De hecho, hasta ese momento, Bahía era identificada como “la resistencia” en el ámbito judicial.

El nivel de inacción producto de estos enfrentamientos fue tal que, desde aquel inicio en 2014, recién hace unos pocos días cobró real impulso la causa contra los grupos que supuestamente les vendían facturas apócrifas a firmas del empresario amigo de Néstor Kirchner.

Después de un evidente letargo, la fiscalía pidió las indagatorias de Mauro, Franco, Enzo y Silvio Ficcadenti (titulares de los grupos Penta, Calvento, Terrafari); de José, Denis, Jorge y Franco Ferreyra (Constructora Patagónica Argentina) y de Lázaro y Martín Báez, por entender justamente que el empresario kirchnerista, a través de Austral Construcciones, utilizó facturas apócrifas por miles de millones de pesos.

Lo siguiente que hizo, con autorización de la jueza federal de Viedma, Mirta Filipuzzi, fue allanar la financiera “Crediba”, que aparentemente participaba en la triangulación.

La grieta 

¿Por qué se tardó tanto y qué pasó durante estos dos años? Justamente, lo que ocurrió fue la grieta. Una historia que La Nueva. pudo reconstruir en base a una vasta documentación y distintos testimonios.

Todo comenzó cuando el doctor Santiago Ulpiano Martínez encabezó la investigación de origen contra Báez y la presunta asociación ilícita y a los pocos meses fue "corrido" del camino.

Desde Justicia Legítima -agrupación asociada al kirchnerismo- lo acusaron de no avanzar con las causas por delitos de lesa humanidad.

Más tarde, la embestida al juez que debía investigar a Báez llegó al Consejo de la Magistratura que lo apartó del cargo a mediados de 2015, por mayoría simple, violando la propia ley de subrogancia kirchnerista y luego de las denuncias de los fiscales José Nebbia, Miguel Palazzani y Antonio Castaño, tildados, al menos los dos primeros, como espadas de la procuradora k Alejandra Gils Carbó.

En su defensa, Martínez sostuvo, por el contrario, que no avanzó en la medida que pretendía por culpa de los fiscales. Según dijo -y probó- eran ellos y no él quienes no impulsaban acciones en relación a "una infinidad" de víctimas, que aparecían claramente mencionadas en hechos de lesa humanidad o que habían declarado solo como testigos.

De esa manera, entre las causas "Ejército" y "Armada", pasaron de 179 víctimas, que habían reunido los fiscales, a 1.040 que logró identificar el juzgado de Martínez, a partir de una profunda investigación y entrecruzamiento de datos que duró más de un año.

¿Cómo terminó? Finalmente, en marzo de este año, el mismo Consejo de la Magistratura que había apartado a Martínez, tras un fuerte debate entre kirchneristas y no kirchneristas, rechazó cada una de las 6 denuncias en su contra por entorpecimiento o demora en las investigaciones.

Sin embargo, los efectos de la intervención del kirchnerismo en el Juzgado Federal Nº 1 de Bahía Blanca, concretamente con otro juez afín, Alejo Ramos Padilla -designado en medio de una audiencia irregular, en la cual se alteró el orden del día-, todavía tienen sus consecuencias.

En carrera para la Cámara

Hoy Martínez está muy bien posicionado para ocupar una de las cuatro vacantes en la Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca, que entre los jueces subrogantes tiene a Jorge Ferro.

¿Quién es Ferro? Es un camarista de Mar del Plata que, además de subrogar la Cámara local, lleva adelante un sumario interno por las supuestas irregularidades en el Juzgado Federal N° 1, que denunció Ramos Padilla ni bien asumió tras el apartamiento de Martínez, dicen, como parte del operativo contra el juez que investigaba a Báez.

Ferro es también el magistrado al que asocian con el dueño de un prostíbulo vip en Mar del Plata, que fue motivo de un reciente informe del programa Periodismo para Todos, de Jorge Lanata, hecho por el cual, a su vez, afronta dos denuncias penales y otra ante el Consejo de la Magistratura.

Ramos Padilla, de pública filiación kirchnerista, había llegado a Bahía Blanca a mediados del año pasado para patear el tablero.

Denunció acopio de armas y artefactos explosivos sin registro en la terraza del edificio de Alsina 317, paralización de causas por delitos de lesa humanidad y un desorden generalizado.

Sin embargo, puso en el freezer la investigación contra Báez, que rozaba claramente al gobierno de turno. Una declaración oficial sostiene que, apenas pisó suelo bahiense, fue a reunirse con un abogado de los Ferreyra y le permitió extraer copias de la documentación secuestrada a uno de los asesores legales de los Ficcadenti, a quienes hoy se busca indagar porque supuestamente conformaron una asociación ilícita con los Báez.

Para colmo, la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, nombró -en tiempo récord y sin autorización de la Cámara Federal de la jurisdicción, como indica la ley- a dos empleados ajenos al medio, que eran de la confianza de Ramos Padilla, como Victoria Fraga y Leandro Massari, a quien también se acusa de viajar en un auto oficial del juzgado que fue chocado, destruido y abandonado en la zona de Tres Arroyos, sin informar a los superiores sobre el incidente. Al verse envuelto en este escándalo, Massari, según se supo en las últimas horas, habría presentado la renuncia, con la presunta intención de retornar a la justicia de Mar del Plata.

Cacería de brujas 

El embate llegó a un punto que hay quienes dicen que, con la llegada de Ramos Padilla, dentro del juzgado comenzó una verdadera "cacería de brujas" y se cometieron atropellos, incluso con la participación de personal foráneo, que nada tenía que hacer en Bahía Blanca.

Hay constancias que en el sumario intervinieron Melina Rodríguez y Mauro Labozzetta, secretaria ad hoc y prosecretario del Juzgado Federal de Dolores, que depende de la Cámara Federal de Mar del Plata. Ninguna resolución de la Superintendencia los autorizaba a desempeñar funciones en nuestra ciudad.

En el marco de estas actuaciones, incluso, el secretario penal Mario Fernández Moreno denunció las irregularidades ante la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional.

 Y presentó dos denuncias penales: una por la pinchadura intencional de un neumático de su coche y otra por movimientos sospechosos de un vehículo frente a su domicilio particular. Debió tomar licencia por salud durante varios meses y estuvo a punto de irse del país.

Dijo que con la llegada del juez de Dolores hubo coacción porque, por ejemplo, les ordenó a sus laderos "tareas de reunión de información" y de "vigilancia". Retuvieron por largas horas al personal para tomarle declaración, con la presencia de policías en la puerta y sin permiso ni siquiera para ir al baño.

Se retiraron las llaves en poder de algunos empleados, se cambiaron cerraduras y se concretaron algunas cuestiones que hasta pueden ser anecdóticas, aunque de gran contenido emocional, como la destrucción de los dibujos que estaban en los escritorios de algunos funcionarios y que pertenecían a sus hijos.

Con el amigo 

 

Distinta, en cambio, fue la relación de los "auditores" visitantes con el exsecretario Álvaro Coleffi, quien está con procesamiento confirmado por la Cámara Federal (el único que votó en contra fue Ferro) por el delito de violación de secretos, al ser quien, aparentemente, difundió las escuchas reservadas del caso Suris.

A Coleffi también se lo había denunciado (FBB 831/15) por supuesta asociación ilícita con los fiscales Nebbia y Palazzani. A cambio de ciertos “favores” procesales, le habrían ofrecido ciertas facilidades para tratar de obtener un cargo, aunque la fiscalía general habría decidido archivar el caso sin investigarlo.

Ante la comisión de Disciplina y Acusación del Consejo de la Magistratura, un alto funcionario local declaró que, desde fines de 2014, las reuniones entre Coleffi y los fiscales ad hoc, especialmente Palazzani, eran cada vez más frecuentes y muchas veces llegaban a durar todo el tiempo de atención al público, entre las 8 y las 13.30.

"Esa circunstancia no pude desconectarla del hecho de que el doctor Coleffi había concursado para fiscal, para cubrir el cargo de fiscal federal N° 2", afirmó el funcionario en su descargo.

De hecho, la procuradora Gils Carbó designó a Coleffi en la Unidad de Asistencia para Causas por Violaciones a los Derechos Humanos del Ministerio Público Fiscal y el abogado aceptó esa resolución, aunque no podía hacerlo porque, aún suspendido, seguía ostentando el cargo de secretario de primera instancia.

La Cámara Federal cesanteó a Coleffi a mediados de este año, al advertir esa incompatibilidad.

 “No puede, simultáneamente, desempeñar ningún empleo público o privado, ni siquiera con carácter interino”, explicó la Cámara al cesantearlo. Se consideró "grave" la situación, más porque no comunicó la nueva designación al órgano superior.

También se le consideró de una “negligencia extrema” no haber custodiado las escuchas reservadas del caso Suris .

“El secretario es funcionalmente responsable de las condiciones deplorables del ámbito donde se debían resguardar las grabaciones: estaban al alcance de varias personas, sueltas, en simples cajas de cartón, desordenadas”, agregó la Cámara.

"El cuadro de Néstor..."

Al menos dos empleados denunciaron intimidaciones y aprietes. Sus declaraciones fueron incorporadas en los últimos días al sumario que instruye Ferro.

Una joven oficial reconoció "presión psicológica" y fue testigo presencial del maltrato a una prosecretaria, cuando le dijeron que no estaba a la altura del cargo y que "se tenía que sentir agradecida con el gobierno kirchnerista" y debía tener "un cuadro de Néstor Kirchner en su despacho" porque, si no fuera por el expresidente, no se hubiera creado la secretaría de Derechos Humanos.

Durante la gestión de Ramos Padilla -agregó- le impidieron tomar licencias pendientes y una compañera suya no pudo hacer uso del periodo de lactancia.

"Sentí miedo, por mi carácter de contratada...por los aprietes. Inseguridad y una intimidación constante", amplió.

Al otro empleado, ahora jubilado, lo retiraron en los últimos meses de actividad de la secretaría de Derechos Humanos, pese a ser una víctima de los delitos de lesa humanidad y de haber actuado allí por casi 10 años. Lo reubicaron en una oficina de menor rango.

"A lo mejor, algunos de mis dichos no gustaron", especuló. Ese periodo se vivió como "una intervención”. “La tensión se percibía", dijo.

Volver al cauce natural 

Superadas las elecciones de diciembre y el fuerte clima político, la situación en la justicia federal bahiense pareciera normalizarse.

Ramos Padilla -sumariado por el caso del accidente y abandono del auto oficial- espera el fallo en funciones, en su juzgado de Dolores; Coleffi está cesanteado y procesado y la Cámara Federal espera ocupar -posiblemente para el año que viene- 4 vacantes de los 5 cargos que la integran. El único titular hoy es el doctor Pablo Candisano Mera.

En el Juzgado Federal Nº 1, donde más fuerte caló la grieta, ya fue designado como titular el doctor Walter López Da Silva, cuyo pliego fue aprobado por el Senado y el decreto publicado el pasado viernes.

Procedente de Bariloche, Da Silva ocupará el sillón que dejara vacante hace más de 4 años, para alcanzar la jubilación, Alcindo Alvarez Canale.

Mientras tanto, con el pedido múltiple de indagatorias por parte de la fiscalía y el allanamiento a la financiera céntrica -la documentación secuestrada está siendo analizada por peritos de la Policía Federal-, la causa que afecta a los Báez y roza a la cúpula kirchnerista cobró vuelo de vuelta. Más vale tarde...”

FUENTE: “La Nueva”; POSTA-POSTA.

 

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