Funcionarios demandan a quienes los denunciaron con "mala fe"

Se trata de denuncias por "daños y perjuicios" contra diputados kirchneristas o abogados que iniciaron acciones en Comodoro Py contra el Gobierno

Nacional | hace 4 meses

"¿Cómo podemos vivir en un país en el que mentirle al juez no tenga consecuencias? Eso no está bien. Eso tiene que tener una consecuencia". Las palabras de Mauricio Macri fueron agua bendita para algunos integrantes del gabinete, que comenzaron a demandar en el fuero civil a quienes les radicaron denuncias penales con presunta "mala fe".

Tal como anticipó LA NACION, la semana pasada el puntapié inicial lo dio el ministro de Justicia, Germán Garavano , que radicó una demanda civil por "daños y perjuicios" contra el diputado kirchnerista Rodolfo Tailhade y le hizo un reclamo de 2 millones de pesos como resarcimiento, en respuesta a una denuncia que hizo el legislador del FPV por la negociación con Odebrecht. Tailhade lo considero un "apriete".

Varios funcionarios tuvieron luego una reunión para analizar qué otras demandas era pertinente realizar.

Según pudo conocer este medio, hoy se redactaron dos nuevas demandas contra lo que el Gobierno considera sus "denunciadores seriales". Para dar el contragolpe, los funcionarios se respaldaron en los fallos de los jueces de Comodoro Py que, al desestimar los casos originales, explicitaron la inexistencia del delito y aludieron a la falta de asidero de las denuncias.

El vicejefe de Gabinete, Mario Quintana , elabora una demanda por daños y perjuicios contra Fernando Miguez, titular de la Fundación por la Paz y el Cambio Climático y quien desde hace muchos años denuncia a funcionarios de distintos signos políticos. El contraataque es en respuesta a una denuncia que ese abogado radicó contra varios funcionarios por un convenio que el INPI celebró con la oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos. El juez Sebastián Casanello desestimó por inexistencia de delito, la fiscalía no apeló y el caso quedó archivado.

Se espera que esta tarde se envie el telegrama con la cita a la mediación, la instancia previa antes de un juicio civil.

Quien coordina esta estrategia de contraataque es Fabián Rodríguez Simón que tiene la misión de brindarle asesoramiento jurídico a los miembros del gabinete. "Pepín" es un hombre clave del Presidente y un líbero para tratar los temas más sensibles del Gobierno, sobre todo, en materia jurídica. Es quien debe procurar que, antes de iniciar una demanda civil, los funcionarios tengan elementos para probar que hubo "mala fe" y que existió un daño moral. La linea es muy delgada.

El propio Rodríguez Simón, en las últimas horas, activó una nueva demanda contra Tailhade, una de las espadas más filosas del kirchnerismo. Decidió el contraataque porque ese diputado le radicó tiempo atrás una denuncia en la que aseguraba que la entidad que comanda, la Fundación Pericles, tenía vínculos con el proxenetismo. Por el mismo motivo, "Pepín" ya demandó a el canal C5N, que difundió esa información y luego se retractó al aire. Ya se hizo la mediación pero no hubo acuerdo entre las partes.

"No es una medida de Gobierno, es una decisión personal de cada funcionario que quiere defenderse porque sintió un perjuicio y un daño a su imagen", aseguró uno de los integrantes de la mesa chica del gabinete. Macri, sin embargo, viene dando un mensaje de respaldo a las contrademandas. Ayer, frente a la UIA, manifestó: "No puede ser que mentirle a un juez no tenga consecuencias". Hoy reitero el mismo concepto.

Según pudo conocer LA NACION, en la lista de futuros casos esta una demanda civil en respuesta a la denuncia penal por el memorándum de Qatar. Cuando el juez Daniel Rafecas desestimó ese caso, manifestó en su escrito que ese acuerdo "estaba enmarcado como una cuestión política no judiciable" y que "hay que evitar la judicialización de la política a efectos de resguardar el principio de equilibro de la división de poderes". Esa será la carta que utilizaran los funcionarios de Macri para el contraataque.

También se evalúa tomar alguna acción por la causa penal del robo a la vicepresidenta Gabriela Michetti, donde el juez Ariel Lijo dictó un sobreseimiento.

 

FUENTE: LA NACION

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