Patricia Bullrich se reunió en Estados Unidos con el titular de la DEA

La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich , acompañada por el secretario de Seguridad, Eugenio Burzaco, y el director nacional de Cooperación Regional e Internacional, Gastón Schulmeister, mantuvo una reunión con el titular de la Administración para el Control de Drogas (DEA), Chuck Rosenberg.

Nacional | hace 3 años

En el marco de su agenda de trabajo en los Estados Unidos , los funcionarios del ministerio se trasladaron ayer hacia el edificio de la DEA para encontrarse con la unidad de investigaciones y el Grupo de Trabajo Antinarcóticos.

La titular de la Cartera de Seguridad cerró la jornada en la capital estadounidense con una reunión junto a Chuck Rosenberg, jefe de la Administración para el Control de Drogas (DEA), y otras autoridades del departamento.

Rosenberg, por su parte, destacó la posibilidad de que los países restablezcan un canal de diálogo "la DEA está muy contenta que Estados Unidos y Argentina sean capaces de reconstruir su relación", y en este sentido añadió "su país puede aprender de nosotros, y nuestro país puede aprender de ustedes".

En dicho encuentro el administrador de la DEA también sostuvo que "construyendo una asociación estratégica no sólo beneficiaremos a ambas naciones, sino al mundo en su conjunto".

La visita de la comitiva que representa al Ministerio de Seguridad de la Nación tiene como objetivo, además de "abrir una puerta que estaba cerrada", reforzar el trabajo sobre el narcotráfico y la inteligencia criminal.

El protocolo de seguridad para evitar los piquetes y cortes de calles debutó con polémica , en medio de la jornada de huelga nacional del gremio de estatales ATE. Bullrich y Burzaco se encontraban ya en Washington cuando se llevó a cabo la manifestación.

La seccional porteña del gremio de estatales pidió, el pasado martes 23 de febrero, un amparo contra el protocolo, que fue aceptado por una jueza porteña; la solicitud de ATE fue luego rechazada por la Cámara de la Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, había sostenido sobre los cortes de calles durante las manifestaciones: " Si no se van en 5 o 10 minutos, los vamos a sacar". Aunque Bullrich aclaró que los agentes no tendrán armas de fuego al momento de desalojar una manifestación programada.

Con el protocolo antipiquete en vigencia, distintas organizaciones kirchneristas, sindicales y de izquierda encabezaron la primera gran protesta contra el presidente de la Nación, Mauricio Macri. Sin embargo, durante la movilización en el Obelisco y Plaza de Mayo no se aplicó el protocolo de seguridad previsto y los manifestantes cortaron diversas calles y avenidas porteñas.

El funcionamiento del plan antipiquete del Gobierno fue duramente cuestionado, cuando una protesta de agrupaciones de izquierda cortó la avenida Corrientes a la altura de Callao.

Por entonces regía el amparo presentado por abogados de ATE Capital y aceptado por la jueza Graciela Dalmas, además de una medida de la fiscal contravencional y de faltas porteña Andrea Scanga, quien ordenó la liberación de carriles en Corrientes y Callao. La fiscal aplicó las pautas de un protocolo local que dictó la Fiscalía General de la Ciudad de Buenos Aires en 2003, "muy similar" al que aprobó días atrás el Gobierno, según consignó la agencia Télam.

"Hicimos un planteo acerca de la restricción de la circulación y el derecho de huelga. Además, nosotros decimos que el protocolo está inconcluso en la Capital Federal porque no fue avalado por la Legislatura porteña", afirmó a LA NACION el dirigente del gremio Diego Martínez, quien firmó el pedido de hábeas corpus de ayer.

La jueza Dalmas hizo lugar al recurso ayer a la tarde y resolvió que el Ministerio de Seguridad tenía que garantizar tres medidas durante el paro de hoy, según el escrito al que tuvo acceso LA NACION: "Que las fuerzas de seguridad no porten armas de fuego, ni utilicen balas de goma contra la manifestación; que en caso de realizar alguna aprehensión en el marco de la movilización, deberán actuar sólo con autorización del Ministerio Público Fiscal; y que se identifique a una persona civil responsable políticamente del operativo".

Las tres medidas estaban previstas en el protocolo anterior para la intervención en manifestaciones, que se aprobó en 2011 cuando la ministra de Seguridad era Nilda Garré, aseguraron desde ATE Capital.

La resolución de la Sala II se conoció una hora antes de la movilización convocada por ATE. En un breve comunicado difundido por el propio Ministerio de Seguridad, se informó que "el hábeas corpus presentado por la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), mediante la cual se buscaba obstruir la implementación del Protocolo de Actuación de las Fuerzas de Seguridad del Estado en Manifestaciones Públicas, fue rechazado por Cámara de la Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires".

Fuente: La Nacion Posta-Posta

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