Detalles inéditos de la red de corrupción en Bahía Blanca

BÁEZ, ETCHEGARAY, SURIS y Varios bahienses más. NOS LLEGÓ COMO DENUNCIA ANÓNIMA. Tiene mucha información judicial de lo que habría ocurrido en la justicia Federal de Bahía Blanca; y se habría enviado a la Oficina Anticorrupción (Laura Alonso). Presumiría verosimilitud con lo que habría realmente ocurrido para salvar a estos personajes y varios bahienses más. Leer detenidamente....vale...

Locales | hace 1 año

Esta denuncia guarda relación con la RED DE CORRUPCIÓN denunciada con escrupuloso detalle el día 29 de marzo de 2016 a las 10:55 hs. vía mail dirigido a esa OA a [email protected] y a [email protected], a través del correo electrónico (nos reservamos su publicación); bajo el asunto: DENUNCIA JUSTICIA FEDERAL BAHIA BLANCA.

       En la CAUSA N° CPF 10451/2014 inicialmente caratulada: “ECHEGARAY, Ricardo; BERNI, Sergio Alejandro y otros S/ASOCIACIÓN ILÍCITA, ABUSO DE AUTORIDAD Y VIOL. DEB. FUNC. PÚBL. (ART. 248), NOMBRAMIENTOS ILEGALES Y OTROS”, el 03/06/15 prestó declaración testimonial CARLOS MARIO BLANCO, DNI 4.988.481, domiciliado en XXXXXXXXX de Bahía Blanca, de estado civil soltero, de profesión y ocupación: CONTADOR PÚBLICO NACIONAL, SUPERVISOR DE FISCALIZACIÓN DE LA AFIP DGI. Se transcribe la parte pertinente: “PREGUNTADO: Por las generales de la ley que le serán explicadas. CONTESTÓ: que no le comprenden. Invitado a manifestar todo cuanto sepa de los hechos que se investigan a cuyo fin se da lectura de la denuncia y del informe de f. 19.CONTESTÓ: En junio de 2011 en oportunidad de trabajar la fiscalización de las empresas del grupo Suris, Iberoamericana de Servicios S.A. apareció como usuaria de las facturas emitidas por algunas de dichas empresas, no recuerdo cuáles; por ello se generó una orden de intervención que era la 658100 cuyo número recuerdo porque era número redondo y porque además nos generó muchas dificultades en el inicio de la fiscalización ya que la sede estaba ubicada en Caleta Olivia y el domicilio fiscal en la Ciudad de Buenos Aires. Al intentar iniciar la fiscalización se nos manifestó que la documentación estaba en Caleta Olivia y cuando concurrimos a esa ciudad expusieron que la documentación requerida estaba en Buenos Aires. Por ello es que recuerdo que en varias entrevistas que tuvimos con los asesores: Contadores CASANOVA y MAGDALENA se nos insinuó que la fiscalización debía ser terminada rápidamente. Con la documentación aportada por JUAN SURIS y sus asesores ROGELIO CHANQUÍA y RAÚL LARSEN se había podido determinar que Iberoamericana era usuaria de las usinas de SURIS por cifras importantes. A esa altura de la fiscalización fue disuelta la Dirección Regional Bahía Blanca y fui apartado de la fiscalización y del cargo de supervisor. Por lo tanto no puedo decir cómo terminó y a qué resultado arribó el fiscalizador que continuó que fue el Contador ADRIÁN FOTTI con la supervisión del Contador HÉCTOR ÁLVAREZ bajo la Jefatura de División de NORBERTO FILIPINI en lo que se designó División Fiscalización nro. 5 dependiente de la Dirección Regional Mar del Plata. Lo dicho es de mi conocimiento por la función que ya mencioné, con respecto a las otras empresas no puedo decir nada porque no tuve a cargo la fiscalización sólo me he enterado lo que ha trascendido en los medios periodísticos. PREGUNTADO: Si de la fiscalización de la firma Iberoamericana surgió vinculación alguna con respecto a las personas denunciadas en esta causa y/o a las empresas mencionadas en el informe de f. 19. CONTESTÓ: al momento en que fui separado del cargo y de la función, el 9 de agosto de 2012, no habíamos todavía analizado en profundidad la operatoria de Iberoamericana y por lo tanto, en caso de haber existido vinculación, no la llegué a constatar a esa fecha, pero por los hechos posteriores que tomaron estado público por la prensa y las manifestaciones del Concejal SERRA agregadas en el expediente civil, entiendo que existe relación entre las empresas involucradas en las fiscalizaciones que yo realizaba y las empresas citadas; y no me cabe duda que la separación del cargo tuvo relación con el avance de la investigación, tal como lo manifesté en dicho expediente iniciado como consecuencia de ello por separación del cargo y reducción de haberes. Al momento de la separación del cargo mío el inspector Fotti había confeccionado un informe de “avance de la fiscalización” que seguramente está agregado al expediente de la citada O.I. PREGUNTADO para que diga si desea agregar algo más, CONTESTO: Que no. Con lo que no siendo para más, se da por finalizado el acto, previa lectura que de la presente hace el compareciente, firmando después de SS y por ante mí, de lo que DOY FE.”

       Se dice que mientras investigaba las empresas involucradas en la CAUSA N° FBB 12000018/2011 caratulada “SURIS, Juan Ignacio; IBARRA GUTIERREZ, Nicolás; CARRANO, Flavio Rodrigo; SURIS, Eduardo; PIPKIN, Juan; GOENAGA, Domingo Tomás s/ Asociación Ilícita Tributaria”, al nombrado BLANCO lo llamó un domingo un abogado o contador de SURIS y compañía, y cuando aquél contestó ¿para qué?, le dijeron que eran 5 minutos y lo citaron a un bar en el que le ofrecieron una suma millonaria de pesos para que se mantuviera al margen y no fiscalizara adecuadamente las empresas ‘complicadas’… bajo la amenaza de descabezar la AFIP bahiense. Él contestó que NO PODÍA ACEPTAR porque estaba haciendo su trabajo, y jamás se imaginó lo que iba a suceder después: FUERON REMOVIDOS los Fiscalizadores de la AFIP que estaban investigando las empresas ‘complicadas’, a él LE REDUJERON EL SUELDO A LA MITAD a pesar de haber trabajado mas de 20 años en la AFIP, y LO CAMBIARON INTEMPESTIVAMENTE DE LUGAR, obviamente para ‘correrlo de la escena’ y evitar que pudiera incidir en la fiscalización de esas empresas.

Tampoco ha contado –por las presiones políticas de público conocimiento- que al verse presionados por los funcionarios mandados por ECHEGARAY, BLANCO junto a un grupúsculo de funcionarios de la AFIP, mientras estaba como Juez SANTIAGO MARTINEZ, ‘entre gallos y medias noches’ LLEVARON LA DOCUMENTACIÓN RELACIONADA CON ESAS EMPRESAS AL JUZGADO FEDERAL N° 1 DE BAHÍA BLANCA PARA RESGUARDARLA de los funcionarios puestos a dedo en la AFIP para entorpecer las investigaciones sobre esas empresas.

   Si bien lograron el objetivo y pudieron salvaguardar los papeles, apenas llegaron ‘los nuevos de la AFIP’ pidieron compulsar la documentación y ahí, a espaldas del Juez MARTINEZ, dieron rienda suelta a cuanta maniobra estuvo a su alcance para socavar las pesquisas. La Jefa Interina de la Sección Penal Tributario, División Jurídica, de la Dirección Regional Bahía Blanca de la AFIP María Antonela GIROTTI (si bien llegada con la ‘nueva gestión’, aparentemente es honesta) ha relatado a personas de su confianza cómo los nuevos funcionarios K designados en lugar de BLANCO y sus compañeros honestos, autorizados por el Juez RAMOS PADILLA directamente ENTREMEZCLABAN la documentación secuestrada para ENTORPECER y COMPLICAR las investigaciones.   

En esa causa es visible la connivencia del Fiscal Federal ANTONIO HORACIO CASTAÑO, que –por ejemplo- teniendo delegada la investigación, firmó varias disposiciones de medidas de prueba, EXCLUYENDO EXPRESAMENTE AL CONTADOR PÚBLICO NACIONAL y SUPERVISOR DE FISCALIZACIÓN DE LA AFIP DGI, CARLOS MARIO BLANCO, a sabiendas de que él era quien se encontraba en mejores condiciones de analizar la documentación disponible, para evitar de nuevo que pudiera incidir en la fiscalización de esas empresas.     

Se dice que el Fiscal CASTAÑO –miembro directivo del Club de Fútbol OLIMPO de Bahía blanca- habría negociado con ECHEGARAY u otro de la AFIP el “perdón” de una deuda cuantiosa del Club, ofreciendo a cambio el no impulso de la causa de facturas truchas de “SURIS” y otras que fueran de interés al gobierno.

En esa causa aparecen como usuarias de facturas truchas más de un centenar de empresas, y el Juez –se dice por ahí- tuvo que “cortar” la investigación, centrándose en las más importantes o las que habían usado este sistema de evasión por los montos más elevados, para poder seguir avanzando porque sino era imposible. Eso tuvo como correlato, que desde la AFIP –se dice por ahí- se convocara a muchos de esos deudores y/o evasores para que regularizaran espontáneamente su situación “conformando sus deudas” y obteniendo planes de pago, para poder quedar exentos de responsabilidad penal en los términos del art. 16 de la Ley 24.769.

   Igualmente todo aquello no surtió efecto y el Juez Subrogante SANTIAGO MARTINEZ reunió elementos para procesar a Juan Ignacio SURIS y compañía por asociación ilícita tributaria, lo que fue confirmado después por la Cámara Federal bahiense (integrada con los Dres. PABLO CANDISANO MERA y NESTOR LUIS MONTEZANTI). Hoy la causa se encuentra elevada a juicio.

      Pero no se pierda de vista que aquella operatoria desplegada ‘puertas adentro’ de la AFIP en relación a la CAUSA N° FBB 12000018/2011 tuvo también por finalidad proteger a los involucrados en la denuncia por incumplimiento de los deberes de funcionario público, lavado de dinero, asociación ilícita, encubrimiento y negociaciones incompatibles con la Función Pública, que se investiga en la CAUSA N° CPF 10451/2014 y que involucra al Administrador de la AFIP Ricardo ECHEGARAY, al Secretario de Seguridad de la Nación Sergio BERNI y al Sr. Lázaro BAEZ; a los directores de CONSTRUCTORA PATAGÓNICA ARGENTINA SA, Sr. Antonio FERREYRA y a la “familia FERREYRA”; a los responsables de la firma GRUPO PENTA y CÍA. SA, Sr. Roberto FICCADENTI y a la “familia FICCADENTI”; y a los responsables de IBEROAMERICANA DE SERVICIOS SRL de la “familia PEDRAZA”, mencionando a Juan Ignacio SURIS. En la denuncia se menciona y hace referencia también a la familia KIRCHNER, a Néstor KIRCHNER y “Cristina KIRCHNER”, a la empresa AUSTRAL CONSTRUCCIONES, a la empresa LOSCALZO y DEL CURTO, a las empresas CALVENTO SA y TERRAFARI SA, la financiera CREDIBA, a una persona “BUSTOS” y “Emilio C. MARTIN”, y a la empresa “GOTTI HERMANOS SA”. Asimismo se indica al siguiente personal de la AFIP: Norman WILIAMS, Jaime MECICOVSKY y Horacio CASTAGNOLA.

     En esta última es evidente la connivencia del Fiscal Federal ANTONIO HORACIO CASTAÑO, que –por ejemplo- JAMÁS PRESENTÓ REQUERIMIENTO DE INSTRUCCIÓN, ni adoptó ninguna medida relevante para investigar los hechos.

Sin embargo como sí lo hizo el Fiscal General ALEJANDRO ‘SALVADOR’ CANTARO, el Sr. Juez Federal Subrogante Dr. SANTIAGO MARTÍNEZ pese a sospechar el poco tiempo que le quedaba en el cargo, porque la presión que ejercían los Fiscales en Derechos Humanos y el aparato de propaganda K era cada vez mayor, el 11/06/15 dispuso órdenes de ALLANAMIENTO Y REGISTRO de las firmas GRUPO PENTA Y CIA SA. y CALVENTO SA. de Franco y/ o Silvio FICCADENTI; de la firma TERRAFARI SA, de Franco y/o Silvio FICCADENTI; y de la firma CONSTRUCTORA PATAGÓNICA ARGENTINA SA de José Antonio FERREYRA.

    Para frenar lo incontenible, los K digitaron todo y el 18/06/15 el Plenario del Consejo de la Magistratura Nacional mediante la Resolución N° 131/15, con el voto en desempate de la Dra. GABRIELA VAZQUEZ, desplazó de su cargo al Dr. MARTINEZ y designó Juez Subrogante a cargo del Juzgado Federal Nº 1 de Bahía Blanca al Dr. ALEJO RAMOS PADILLA.

  La propia resolución N° 131/15 es un recuento claro y preciso de las denuncias infundadas y de la presión ejercida por los Fiscales adictos al kirchnerismo (dejando de lado cualquier objetividad) y las agrupaciones de Derechos Humanos; que fue in crescendo a medida que avanzaba la CAUSA N° CPF 10451/2014… a la que paradójicamente tenía acceso uno de los Fiscales que denunciaba al Dr. MARTINEZ… el Fiscal Federal Dr. ANTONIO HORACIO CASTAÑO… el mismo que tardó UN MES Y DIEZ DÍAS para contestar la vista en los términos del art. 180 del CPPN que le corrió el Juez MARTINEZ (el 08/04/15), contestando SIN PRESENTAR REQUERIMIENTO DE INSTRUCCIÓN recién el 18/05/15.

       Evidentemente no pudieron removerlo a MARTINEZ antes {las primeras denuncias datan de diciembre de 2014} gracias a los Consejeros HONESTOS del Consejo de la Magistratura (Miguel PIEDECASAS, Luis María CABRAL, Leónidas MOLDES, etc.) que abrieron el proceso a prueba, lo que dilató la sesión de ese cuerpo colegiado. Esta circunstancia fue determinante para que pudiera reunirse la enorme cantidad de pruebas que hoy desquicia a los KIRCHNER y compañía, y da (dio) un respiro al Juez Federal SEBASTIÁN CASANELLO.

   Esa demora, que derivó en el retraso de la posesión del cargo por RAMOS PADILLA, permitió que el 19/06/15 el Sr. Juez Federal Subrogante Dr. SANTIAGO MARTÍNEZ –aún en funciones- pudiera requerir la cooperación del Cuerpo Técnico Pericial y demás peritos de la CSJN; y que el 23/06/15 pudiera ordenar oficio al Cuerpo de Peritos Contadores Oficiales de la CSJN, a fin de practicar pericia sobre la documentación secuestrada. Fueron las últimas medidas que pudo adoptar contra-reloj para avanzar en la investigación.

El 26/06/15 el Juez Subrogante Dr. ALEJO RAMOS PADILLA asumió en la causa y desde ese momento quedó virtualmente paralizado el expediente. Por ejemplo, pese al enorme interés público que tenia la causa RAMOS PADILLA jamás reiteró el oficio al cuerpo de peritos de la CSJN para agilizar la pericia… PERO SÍ AUTORIZÓ A LOS IMPUTADOS A CONSTITUIRSE EN EL CUERPO DE PERITOS DE LA CSJN PARA QUE SAQUEN COPIAS DE LA DOCUMENTACIÓN QUE LES INTERESABA. Es decir, los autorizó a tomar vista de la prueba antes de la indagatoria… que nunca fijó.

   Pero esta vez ‘los nuevos de la AFIP’ no pudieron acceder inmediatamente a la documentación secuestrada, para ENTERMEZCLARLA y ENTORPECER, porque para evitarlo se le ordenó a la Policía Federal que mantuviera toda la documentación bajo su resguardo… En esto fue vital la participación de la Secretaria Federal NAIR RUPPEL (luego perseguida y destratada por RAMOS PADILLA) y el Comisario de la PFA FABIÁN CAPONETTO, que resguardó los papeles y gestionó inmediatamente el traslado a Buenos Aires para llevarlos al Cuerpo de Peritos de la CSJN, .

Nótese que es precisamente la CAUSA N° CPF 10451/2014 la que le ha servido al Dr. CASANELLO para lograr la imputación del ex titular de la AFIP Ricardo ECHEGARAY ex titular de la DGI Ángel Rubén TONINELLI, especialmente el testimonio transcripto al inicio: al resolver la situación procesal de BAEZ y sus cómplices en la causa en la que se investiga la “Ruta del Dinero K” el juez CASSANELLO indicó que ECHEGARAY y TONINELLI fueron advertidos de la evasión por inspectores de Bahía Blanca, pero no solo no las tomaron en cuenta, sino que disolvieron la regional de la AFIP-DGI de esa ciudad y desplazaron a quienes la integraban.

   En la resolución, el juez indicó: "Nos encontramos ante una compleja defraudación tributaria, llevada a cabo por Austral Construcciones S.A., y de la cual se habrían capitalizado millones de pesos provenientes de las arcas públicas del Estado. Tal como ya se ha dicho, toda esa grotesca operatoria llamó la atención de algunos de los inspectores de la AFIP-DGI Bahía Blanca, pero estas alertas no fueron bien recibidas en los cargos jerárquicos del organismo, cuya reacción fue la disolución de la Regional Bahía Blanca mediante las disposiciones AFIP 299/12 y el 285/12 SGRH, provocando reubicaciones de cargos y hasta desplazamiento de inspectores de la dependencia".

Como puede verse, la maniobra inicial desplegada por ECHEGARAY para cubrir a las firmas investigadas (que incluyó la disolución de la Dirección Regional Bahía Blanca y el desplazamiento de CARLOS MARIO BLANCO Supervisor de Fiscalización de la AFIP DGI encargado de la fiscalización de las empresas del grupo SURIS, Iberoamericana de Servicios S.A., etc.), fue apuntalada con la inacción del Fiscal Federal ANTONIO HORACIO CASTAÑO y –desde el gobierno kirchnerista- con el desplazamiento del Juez Federal Subrogante Dr. SANTIAGO MARTÍNEZ, quien fue el único que en el plano judicial impulsó las investigaciones, pagando un altísimo precio por ello.

      Entre los Organismos que integran el Universo del Control de la Oficina Anticorrupción Nacional está la AFIP, y por ello esta denuncia debe ser recibida e investigada.

Pero acotar la investigación al sólo hecho de la responsabilidad de EXCHEGARAY es insuficiente porque desde el Gobierno Nacional anterior se desplegaron muchas maniobras concomitantes y simultaneas para asegurar la impunidad de los evasores allegados al kirchnerismo (como LAZARO BAEZ y el narcotraficante JUAN IGNACIO SURIS). Entre esas estratagemas se encuentra el desplazamiento del Juez Federal Subrogante Dr. SANTIAGO MARTÍNEZ, la NO-investigación de las denuncias hechas en la justicia federal de Bahía Blanca contra los Fiscales Federales que lo permitieron, entre muchas otras.

Todo el entramado de maniobras pergeñadas con la aquiescencia del Estado Nacional (léase Cristina Fernández de Kirchner, Julián Alvarez, Gabriela VÁZQUEZ, Jorge Daniel CANDIS, Héctor RECALDE, etc.) y ejecutadas por funcionarios públicos y magistrados judiciales (como los Fiscales Federales de Bahía Blanca que formularon denuncias falsas –por supuestas irregularidades en causas de derechos humanos- en el Consejo de la Magistratura contra el Juez MARTINEZ justo cuando él investigaba las empresas vinculadas a LAZARO BAEZ; como los miembros del Consejo de la Magistratura que votaron para desplazar a MARTINEZ apoyados en absolutas falsedades, y como el Juez Federal Subrogante Dr. Alejo Ramos Padilla, que inmovilizó el avance de esa causa relacionada con LAZARO BAEZ, y archivó todas las causas en las que aparecían denunciadas las maniobras de encubrimiento) para cumplir aquel cometido no puede escapar a Ud. que SE TRATA DE UN CLARO ANDAMIAJE DE CORRUPCION QUE POR DEFINICIÓN DEBE SER INVESTIGADO POR ESA OFICINA.

Reitero que toda esa RED DE CORRUPCIÓN fue denunciado con escrupuloso detalle el día 29 de marzo de 2016 a las 10:55 hs. vía mail dirigido a esa OA a [email protected] y a [email protected], a través del correo electrónico DENUNCIA ANONIMA <[email protected]> bajo el asunto: DENUNCIA JUSTICIA FEDERAL BAHIA BLANCA.

      Sepa Ud. que todas las causas allí enunciadas han sido archivadas a instancia de los propios Fiscales Federales denunciados en ellas, quienes han abusado del principio ne procedat iudex ex officio para procurarse impunidad. Obviamente los fallos que han archivado los expedientes son claros casos de COSA JUZGADA ÍRRITA…pero ¿quien se supone que va a hacer semejante planteo? Está claro que los Fiscales no, y las víctimas de todo esto han quedado desahuciadas, por lo que no puede esperarse más nada de ellas, aún cuando algunas es vox populi que podrían declarar como testigos.

Dichas declaraciones obviamente resulta imposible que se reciban en las fiscalías federales de Bahía Blanca, y en el Juzgado hay incompatibilidad para hacerlo porque los mismos testigos han intervenido en las causas como funcionarios… Solo quedan ustedes, la OFICINA ANTICORRUPCION como último bastión de la legalidad en nuestro vapuleado Estado de Derecho, para que acudan a socorrer a la sociedad frente a esta RED DE CORRUPCION y hagan uso de sus facultades investigativas para aclarar este entramado delictivo.

No se descarta el hecho de que la función primordial de esa OA tiene que ver con el cuidado del patrimonio estatal, pero igual de cierto es que aquí está en juego –por vía indirecta si se quiere- la afectación de ese patrimonio de todos… porque lo que aquí se denuncia es, de nuevo, el entramado político-fiscal-judicial que permitió encubrir a grandísimos evasores impositivos {incluidos narcotraficantes con esa condición} desde el año 2011 primero (por las maniobras señaladas que hizo ECHEGARAY en la AFIP), y especialmente en 2014 en adelante (por las acciones políticas, desde el Ministerio Público Fiscal y desde el Consejo de la Magistratura K, para frenar el avance judicial del Dr. MARTINEZ).  

      Las maniobras de ECHEGARAY han quedado ahora al descubierto, tal como se aprecia en el fallo del Juez CASANELLO del 18/04/16 en la causa nro. 3017/13, caratulada “BAEZ, Lázaro Antonio y otros S/ ENCUBRIMIENTO y otros” en el que se menciona al narco-evasor Juan Ignacio SURIS, y todas las empresas investigadas en la CAUSA N° CPF 10451/2014 (la causa indicada al comienzo) por el Juez SANTIAGO MARTINEZ, mientras pudo.

Según el Decreto 102/99 el ámbito de aplicación de la OFICINA ANTICORRUPCION comprende a la Administración Pública Nacional centralizada y descentralizada, empresas, sociedades y todo otro ente público o privado con participación del Estado o que tenga como principal fuente de recursos el aporte estatal. De acuerdo a esa descripción, el Ministerio Público Fiscal de la Nación, bien puede caer dentro del ámbito de aplicación de la OA. Tan es así que la propia OA comparte con el Ministerio Público Fiscal parte de su normativa.

   Según se indica en la página de internet de la Oficina Anticorrupción, ésta debe, en forma concurrente con la Fiscalía de Investigaciones Administrativas, ejercer las competencias y atribuciones establecidas en los artículos 26, 45 y 50 de la Ley Nº 24.946 .

El art. 26 faculta a los integrantes del Ministerio Público, a realizar medidas probatorias para acreditar las denuncias que les lleguen al ser  anoticiados de la perpetración de un hecho ilícito, ya fuere por la comunicación prevista en el artículo 186 del Código Procesal Penal de la Nación o por cualquier otro medio.

El art. 45 dice que el Fiscal Nacional de Investigaciones Administrativas tendrá el deber de denunciar ante la justicia competente, los hechos que, como consecuencia de las investigaciones practicadas, sean considerados delitos (inc. c), y ejecutar todos sus cometidos ajustándolos a la política criminal y de persecución penal del Ministerio Público Fiscal (inc. j), por lo que a Ud. le corresponde recibir denuncias e investigarlas, y en su caso, remitirlas a quien resulte competente.

El art. 50 indica que los magistrados de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas podrán informar al Procurador General de la Nación cuando estimen que la permanencia en funciones de un funcionario, pueda obstaculizar gravemente la investigación. Eso es exactamente lo que ocurre en este caso, dado que los denunciados están sospechados de integrar una asociación ilícita para procurarse su impunidad y la de sus adláteres.

A su vez, según el Art. 2º del Decreto102/99 la OFICINA ANTICORRUPCION tiene competencia para: a) Recibir denuncias que hicieran particulares o agentes públicos que se relacionen con su objeto; b) Investigar preliminarmente a los agentes a los que se atribuya la comisión de alguno de los hechos indicados en el inciso anterior; y d) Denunciar ante la justicia competente, los hechos que, como consecuencia de las investigaciones practicadas, pudieren constituir delitos. Mientras que el Art. 11 del referido Decreto regula que la DIRECCIÓN DE INVESTIGACIONES tendrá las siguientes funciones: a) Recibir denuncias de particulares o agentes públicos, sobre hechos presuntamente ilícitos y analizar si, de conformidad con los indicadores que prevé el plan de acción, configuran hechos de significación institucional, social o económica; b) Investigar, con carácter preliminar, los casos que configuren conductas previstas en el artículo 1º del presente; y c) Instar la promoción de sumarios administrativos o acciones judiciales civiles o penales, o cualquier otra medida que se considere adecuada para el caso y realizar su seguimiento.

En tal sentido, la Resolución MJDH Nº 458/01 (B.O. 29.664, 7/6/01), aprobó el Plan de Acción de la Oficina Anticorrupción, que incluye los criterios de relevancia institucional y social, por los cuales se trata de determinar si el hecho denunciado implica una afectación de los requisitos funcionales o de valores de las instituciones o si conlleva el efecto de imposibilitar el logro de objetivos de equidad en las políticas públicas en cuestión.

De acuerdo con la OA se entenderá que un hecho tiene significación institucional, cuando por su magnitud afecte el funcionamiento normal y habitual de las funciones del organismo involucrado, o impida de cualquier forma que las mismas se lleven a cabo. También será considerado el hecho denunciado como de relevancia institucional por la ubicación trascendente de él o los funcionarios supuestamente implicados, o cuando la irregularidad detectada impida o dificulte el cumplimiento de los objetivos y las misiones para la cual la institución involucrada ha sido creada o el programa o política pública ha sido diseñada.

En el caso denunciado lo afectado es el funcionamiento adecuado de los controles  de la AFIP, por un lado, y por el otro el accionar de la justicia, obstaculizado por el Ministerio Público Fiscal, porque éste no cumple su misión de velar por los intereses de la sociedad, ni la legalidad, ni el ejercicio de la acción penal, etc. etc. etc. Para peor, estos incumplimientos de los Fiscales Federales y otros funcionarios (ej. del Consejo de la Magistratura) tienen por único propósito garantizar la impunidad frente a enormes evasiones impositivas o descomunales lavados de dinero (ambas materias propias de investigación de esa OA). VAYA SI TODO ESTO NO TIENE SIGNIFICACIÓN INSTITUCIONAL.

El criterio de significación social se da cuando el hecho denunciado, en virtud de su magnitud, haya afectado o pueda afectar de forma absoluta o relativa a un número significativo de las personas que integran el universo de individuos que resultan destinatarios de los servicios y/o prestaciones y/o beneficios que otorga la institución.        

Obviamente que toda la sociedad se ve afectada en el caso denunciado porque los impuestos que no pagaron y los fondos de obras que no hicieron y se robaron (y después lavaron) nos pertenece a todos. Pero además el servicio de justicia que coparon y anularon nos pertenence, y las acciones penales públicas que los Fiscales K no han ejercido también nos pertenecen. VAYA SI TODO ESTO NO TIENE SIGNIFICACIÓN SOCIAL.

 

PARA INVESTIGAR ES FUNDAMENTAL QUE EN FORMA URGENTE SE CONSTITUYA PERSONAL DE LA OFICINA ANTICORRUPCION EN EL JUZGADO FEDERAL NRO 1 DE BAHIA BLANCA Y LE TOME TESTIMONIO A CARLOS MARIO BLANCO y sus compañeros de la AFIP, AL JUEZ DESPLAZADO SANTIAGO MARTINEZ,  AL HABILITADO DEL JUZGADO RAMON LUAYZA, A LAS SECRETARIAS FEDERALES ANA MARIA ARAUJO, NAIR RUPPEL, ANABELA MICHELETTO, Y VICTORIA ECHEZURI, Y A MARIO FERNANDEZ MORENO. IGUALMENTE SE PUEDE TOMAR DECLARACION A TODO EL PERSONAL DEL JUZGADO, ESPECIALMENTE A LOS DE LA SECRETARIA PENAL: SILVIA D´AMICO Y SABRINA LABASTIA; Y A LOS EMPLEADOS DE LA SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS, EDUARDO ALVAREZ Y SUSANA ARRECHEA.

Saludo a usted atte.

 

FUENTE: DENUNCIA ANONIMA

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